La red educativa Fe y Alegría informó este martes sobre el impacto humano y material derivado de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela. Durante un encuentro con los medios de comunicación, el director general de la institución, el padre José Gregorio Terán, confirmó el fallecimiento de 31 estudiantes y un docente, quienes formaban parte de su comunidad académica. La mayoría de estas víctimas pertenecían a la Unidad Educativa Simón Bolívar, situada en la localidad de Caraballeda, estado La Guaira, una de las áreas que experimentó mayores daños durante el evento sísmico.

El director del plantel afectado, Leonardo Suárez, precisó que entre los estudiantes fallecidos se encontraban menores de educación inicial y jóvenes que estaban próximos a concluir su formación técnica en aduanas. Ante este escenario, las autoridades de la organización expresaron su solidaridad con los familiares de los fallecidos y reafirmaron su compromiso de continuar con la labor educativa a pesar de la tragedia que ha marcado a la comunidad escolar.

Además de las pérdidas humanas, la organización detalló los daños estructurales sufridos en su red. Un total de 73 centros educativos en diversas regiones del país presentan afectaciones. Si bien el padre Terán aclaró que ninguna de las edificaciones se desplomó, advirtió que varios inmuebles requieren intervenciones urgentes para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. Adicionalmente, se contabilizaron 715 estudiantes y 280 trabajadores de la institución que sufrieron daños en sus viviendas particulares, lo que añade una capa de complejidad a la recuperación de la comunidad.

La preocupación central de la red educativa se enfoca ahora en el inicio del próximo año escolar, programado para el 14 de septiembre. De los 73 centros afectados, 31 presentan daños críticos que podrían impedir el retorno a las aulas de 18.727 estudiantes. Hasta el momento, la institución ha logrado presupuestar la rehabilitación de 14 planteles, lo cual requiere una inversión de 1,25 millones de dólares. Ante este déficit, la organización ha solicitado el apoyo de donantes nacionales e internacionales para obtener los recursos necesarios y ejecutar las reparaciones indispensables antes de la fecha de inicio de clases.

Más allá de la infraestructura, la estrategia de recuperación contempla un enfoque integral. La coordinadora nacional de Ciudadanía, Yameli Martínez, enfatizó la importancia de implementar programas de acompañamiento psicoemocional para los estudiantes, docentes y familias afectadas por la emergencia. Asimismo, se busca restablecer los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene, además de ofrecer becas para prevenir la deserción escolar. Mientras se completan las evaluaciones técnicas, la institución evalúa alternativas para asegurar la continuidad académica, incluyendo la posibilidad de aplicar modalidades semipresenciales o la reubicación temporal de los alumnos en otros centros que se encuentren operativos.