A más de tres meses de los sismos que sacudieron diversas regiones de Venezuela, la situación de vulnerabilidad persiste para ciudadanos que perdieron sus hogares y medios de subsistencia. Entre los casos más críticos se encuentra el de Mario Morón, un profesional de 62 años que, tras el evento sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, se ha visto obligado a vivir en situación de calle y precariedad extrema, al quedar excluido de los programas de asistencia gubernamental.

El doble movimiento telúrico, que afectó severamente a siete estados del país, tuvo un impacto particularmente devastador en La Guaira. Morón, quien residía en calidad de inquilino en dicha entidad, perdió tanto su vivienda como sus dos empleos en el sector gastronómico y hotelero. Tras el desastre, el afectado intentó buscar refugio en un albergue comunitario en Caracas; no obstante, las condiciones del lugar y el trato recibido lo forzaron a abandonarlo a los dos meses, iniciando así un ciclo de desplazamiento forzado y desamparo institucional.

La falta de una red de apoyo familiar y la ausencia de ingresos han llevado a Morón a pernoctar en salas de emergencia hospitalarias y espacios públicos, además de recurrir a fuentes naturales para su aseo personal. El impacto en su salud ha sido evidente, reportando una pérdida significativa de peso debido a las dificultades para acceder a una alimentación constante. A pesar de su formación académica como geógrafo y su experiencia laboral, el ciudadano manifiesta que las puertas del mercado laboral se han cerrado para él debido a su edad.

En cuanto a la respuesta oficial, el Gobierno venezolano implementó un plan de adjudicación de viviendas tras el censo biométrico realizado en los refugios temporales. Según cifras oficiales, hasta finales de septiembre se habían entregado 709 apartamentos a familias damnificadas, bajo criterios que priorizaron a quienes contaban con títulos de propiedad o cargas familiares dependientes. Este esquema de selección dejó fuera a personas como Morón, cuya solicitud de ayuda fue rechazada bajo el argumento de no cumplir con dichos requisitos específicos, dejándolo sin acceso a las soluciones habitacionales estatales.

Actualmente, el afectado busca alternativas para estabilizar su situación, apelando a la solidaridad ciudadana. Su objetivo inmediato es conseguir los recursos necesarios para alquilar una habitación, un requisito que considera fundamental para poder postularse a nuevos empleos y retomar su vida productiva. A pesar de la adversidad, Morón mantiene la disposición de desempeñarse en diversos oficios, subrayando la urgencia de contar con un techo seguro que le permita superar la crisis derivada de los terremotos. La situación refleja los desafíos que enfrentan los damnificados que no encajan en los perfiles de asistencia definidos por las autoridades tras la emergencia.