La Red de Sobrevivientes de La Guaira ha manifestado su rechazo ante la reciente transferencia de 14 terrenos, anteriormente bajo titularidad estatal y municipal, hacia manos privadas. Según la denuncia presentada por el dirigente social Carlos Teixeira, estos espacios están siendo utilizados actualmente para el almacenamiento de contenedores de carga vacíos, una medida que, a juicio de los afectados, ignora las necesidades habitacionales urgentes que enfrenta la región tras el sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

La controversia se centra en el uso de predios que, según los denunciantes, deberían estar destinados a la reconstrucción y al bienestar de las familias que perdieron sus hogares durante el desastre natural. Entre los lugares señalados destaca el terreno que ocupaba la antigua planta de tratamiento de aguas servidas de Punta Gorda. Teixeira cuestionó que una infraestructura que recibió inversiones públicas para el procesamiento de efluentes haya sido desafectada para favorecer operaciones logísticas de empresas privadas, en lugar de ser aprovechada para proyectos de vivienda.

El activista señaló que existe una contradicción operativa, ya que el Puerto Internacional de La Guaira cuenta con áreas destinadas a la logística portuaria que, según sus observaciones, permanecen subutilizadas. Para la organización, resulta incomprensible que se priorice el resguardo de contenedores vacíos en terrenos urbanos mientras miles de personas continúan en una situación de precariedad habitacional. Las proyecciones técnicas realizadas por la Red de Sobrevivientes sugieren que, en la superficie total de los 14 predios cedidos, sería posible construir cerca de 4.726 soluciones habitacionales, tanto unifamiliares como multifamiliares.

Ante esta situación, el liderazgo vecinal ha hecho un llamado directo tanto al Ejecutivo nacional como a las autoridades municipales para que revisen y reviertan las concesiones otorgadas. La exigencia principal es que la administración de los terrenos públicos se reoriente hacia la construcción de urbanismos de interés social, garantizando que las nuevas edificaciones se ubiquen en zonas seguras, fuera de áreas con riesgos geológicos, para proteger a la población damnificada.

La denuncia ha escalado hacia instancias de control, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y colectivos comunitarios. Estos grupos han solicitado formalmente a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría exhaustiva sobre el estatus legal de los predios y los términos de los contratos de arrendamiento suscritos con las empresas privadas. El objetivo de esta petición es asegurar que la reconstrucción del estado La Guaira se ajuste a las normativas de ordenamiento territorial vigentes y que, por encima de cualquier actividad comercial, se prioricen las necesidades residenciales y asistenciales de los ciudadanos afectados por el terremoto. La comunidad espera que las autoridades respondan con transparencia sobre la gestión de estos activos públicos.