La falta de información oficial sobre las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela ha generado preocupación entre diversas organizaciones no gubernamentales. A más de un mes de la última actualización gubernamental, la opacidad en torno a las cifras de fallecidos y desaparecidos dificulta la gestión de la emergencia y el apoyo a las familias afectadas. La organización Provea ha instado recientemente a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de publicar datos continuos y precisos, subrayando que la transparencia informativa es un elemento clave para la protección de las víctimas y la atención a sus necesidades inmediatas.

El último reporte oficial sobre el número de víctimas mortales fue emitido el 24 de agosto de 2026, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó el fallecimiento de al menos 6.509 personas. Respecto a las personas cuyo paradero se desconoce, la situación es aún más incierta. La cifra inicial de 157 desaparecidos, reportada por las autoridades el 25 de junio, no ha sido revisada ni actualizada en más de tres meses, a pesar de que iniciativas ciudadanas, como la plataforma Venezuela Reporta, han documentado decenas de miles de posibles casos de desaparición.

Ante la ausencia de datos oficiales consolidados, diversas organizaciones han señalado las deficiencias en la respuesta institucional. Amnistía Internacional ha advertido que la falta de información desagregada por edad, sexo o ubicación geográfica impide diseñar estrategias de ayuda humanitaria efectivas. Esta carencia de datos específicos limita la capacidad de brindar protección adecuada a grupos vulnerables, incluyendo niños, personas mayores, mujeres y ciudadanos con discapacidad, quienes requieren medidas de atención diferenciadas tras el desastre.

Una investigación realizada por ProBox sobre la respuesta comunicacional del Estado reveló que la mayoría de las instituciones con competencias directas en la atención de emergencias tardaron significativamente en pronunciarse tras el sismo. Según el análisis, más de la mitad de los 41 organismos evaluados demoraron tres días o más en emitir información. Asimismo, se documentó que entidades clave para la gestión de crisis, como el Ministerio Público y organismos de seguridad y servicios básicos, no emitieron comunicados, enfocando su actividad en otros contenidos mientras la población continuaba buscando a sus familiares entre los escombros.

La situación actual mantiene a los habitantes de zonas afectadas, como Caracas y La Guaira, en una constante búsqueda de sus seres queridos y a la espera de soluciones habitacionales. Mientras la ciudadanía intenta organizarse de manera independiente para sistematizar los reportes de desapariciones, las organizaciones civiles insisten en que es deber del Estado centralizar esta información, colaborar con las iniciativas ciudadanas y garantizar la transparencia necesaria para canalizar la ayuda humanitaria de manera eficiente hacia quienes más lo necesitan.