Integrantes de la Fuerza Unitaria de Trabajadores de Guayana han expresado un rotundo rechazo a la propuesta de una nueva ley de consenso laboral y social, surgida del diálogo tripartito entre el Gobierno nacional, Fedecámaras y centrales sindicales. Los trabajadores consideran que esta normativa podría ser empleada para desmejorar aún más sus beneficios contractuales y condiciones laborales, advirtiendo que se asemeja a medidas previas que afectaron negativamente a la clase obrera.

La principal preocupación de los sindicatos radica en la posibilidad de que la nueva ley sirva como pretexto para erosionar derechos consolidados. Ramón Gómez, dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), enfatizó que la atención no debe desviarse de las demandas fundamentales de los trabajadores: salarios dignos, el respeto irrestricto a las convenciones colectivas y la realización de elecciones libres y transparentes en el país. Gómez recordó que la Constitución y las leyes laborales vigentes son el marco legal que debe ser respetado, cuestionando la legitimidad de iniciativas que buscan alterar la narrativa de las reivindicaciones laborales.

Los representantes de los trabajadores atribuyen el deterioro del sistema laboral no a la acción de los obreros, sino a la gestión de un "régimen que acabó con el aparato productivo nacional". Por ello, han declarado de manera enfática que no aceptarán condiciones que impliquen una "mano de obra de esclavos con sueldos miserables", reafirmando su compromiso con la dignidad y el valor del trabajo.

Diego Castro, dirigente de CVG Alcasa, cuestionó la participación de Fedecámaras y de su expresidente, Jorge Roig, a quien calificó como un "enemigo de los trabajadores". Castro recordó las consecuencias negativas que tuvieron las modificaciones al cálculo de las prestaciones sociales durante el gobierno de Rafael Caldera, subrayando que la Constitución venezolana establece garantías que no pueden ser desconocidas mediante nuevas disposiciones legales. "No pueden eliminar un beneficio que está en la Constitución de la República y la Ley del Trabajo. No hay forma de que puedan desmejorar estos beneficios", afirmó.

Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, denunció que los trabajadores venezolanos acumulan cuatro años sin recibir un aumento del salario mínimo. Ante este panorama, expresó su escepticismo sobre la propuesta de una ley de consenso laboral que, según su visión, podría afectar las prestaciones sociales. González también señaló la falta de legitimidad de los procesos actuales, indicando que "No tenemos Asamblea Nacional, no tenemos presidente y todo lo que hacen en este momento es forajido".

Ante la persistencia de estas preocupaciones, la Fuerza Unitaria de Trabajadores de Guayana ha anunciado la preparación de nuevas acciones de protesta en la ciudad. Entre las movilizaciones planificadas se encuentra el denominado "Guayanazo", un paro regional al que se ha convocado a los sectores de transporte y comercio para sumarse a las manifestaciones. La organización sindical reiteró su firmeza en mantener sus exigencias por mejores salariales y el respeto a los derechos laborales fundamentales.