Un grupo de transportistas en Venezuela denuncia que cerca de 50 unidades de transporte público permanecen retenidas por el Estado desde hace más de dos años, a pesar de contar con órdenes de entrega. La situación afecta a propietarios que fueron sancionados inicialmente por trasladar a personas hacia concentraciones políticas opositoras durante la campaña presidencial de 2024.

William Yánez, uno de los afectados, relató que su vehículo, perteneciente a la línea Baruta-Manzanares, fue retenido bajo el argumento de estar fuera de ruta. Aunque la sanción administrativa impuesta era de tres meses, el transporte continúa bajo custodia estatal. Yánez, quien ha acudido a diversas instancias gubernamentales sin obtener respuestas, señaló que la retención ha impactado gravemente su economía familiar, impidiéndole costear gastos médicos personales y afectando el sustento de tres hogares que dependían de la unidad.

Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi, precisó que de las 50 unidades retenidas a nivel nacional, 17 se encuentran en Caracas y cuentan con orden de entrega. Según la vocera, el problema fue expuesto ante autoridades gubernamentales, incluyendo a la vicepresidencia, el pasado 20 de mayo, sin que hasta la fecha se haya concretado la devolución. Además, transportistas han denunciado haber visto sus vehículos siendo utilizados en eventos políticos sin autorización de sus dueños.

El sector transporte califica esta medida como una violación al debido proceso, al derecho al trabajo y a la propiedad privada. Los afectados han interpuesto denuncias ante organismos como la Policía Nacional Bolivariana, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía 59. Aunque se acordó concentrar los vehículos en un estacionamiento para realizar experticias técnicas, el proceso no se ha materializado, dejando a los propietarios sin su principal fuente de ingresos y obligándolos a recurrir a trabajos informales.

Paralelamente, el gremio enfrenta dificultades por la desactualización de las tarifas. Nelson Vivas, representante del sector, explicó que el pasaje urbano, indexado al valor de la divisa, se fijó en 220 bolívares para octubre. No obstante, los transportistas sostienen que este monto es insuficiente para cubrir el mantenimiento de las unidades y las necesidades básicas, argumentando que se requiere una tarifa mínima de 0,50 dólares para garantizar la operatividad del servicio. La falta de papel moneda de baja denominación complica aún más el cobro del pasaje en las rutas urbanas y suburbanas.