La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este martes la promulgación de una nueva normativa legal orientada a dinamizar la edificación de soluciones habitacionales. Esta medida surge como respuesta directa a la crisis de vivienda derivada de los sismos registrados el pasado 24 de junio, eventos sísmicos que, de acuerdo con los reportes oficiales, ocasionaron el fallecimiento de más de 6.500 personas y dejaron a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad al perder sus hogares.

Durante el acto de firma, Rodríguez enfatizó que el objetivo central de esta legislación es eliminar los obstáculos burocráticos y las limitaciones que tradicionalmente han ralentizado los proyectos constructivos en el país. La mandataria subrayó que la prioridad del Ejecutivo es garantizar una mayor disponibilidad de inmuebles para los damnificados, facilitando así la recuperación de las comunidades más golpeadas por los movimientos telúricos.

La Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, que recibió el visto bueno del Parlamento el pasado viernes, establece un marco regulatorio estricto para el sector. Entre sus disposiciones, la norma define con precisión las responsabilidades de las empresas constructoras, así como las condiciones obligatorias para los contratos de venta. Asimismo, otorga al Ministerio de Vivienda y Hábitat facultades de fiscalización para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Un aspecto relevante de la nueva ley es la exigencia de que las constructoras constituyan fideicomisos y detallen explícitamente en los contratos tanto las características técnicas de las viviendas como los cronogramas de ejecución de las obras. El incumplimiento de estas obligaciones acarreará sanciones económicas severas, con multas que oscilan entre 300 y 54.000 veces el valor de la moneda de mayor denominación, ajustadas según el tipo de cambio vigente.

Paralelamente a la implementación de este marco legal, el Gobierno nacional continúa con las labores de evaluación de daños. Según datos ofrecidos por la presidenta encargada, se han ejecutado más de 61.000 inspecciones en diversas edificaciones para determinar su integridad estructural. De este proceso de revisión, se ha determinado que aproximadamente 11.000 estructuras presentan condiciones de alto riesgo.

En el ámbito operativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que ya se encuentran en fase de construcción 3.000 viviendas en Catia La Mar, una de las áreas más perjudicadas en el estado La Guaira. Cabe recordar que, en julio pasado, el parlamentario estimó que el déficit habitacional generado por los sismos requeriría la edificación de unas 25.000 nuevas unidades.

Actualmente, el Ejecutivo mantiene el compromiso de entregar 4.000 viviendas antes de finalizar el año. Hasta la fecha, las autoridades han reportado la entrega de 335 viviendas nuevas y la recuperación de otras 1.001 estructuras, como parte de los esfuerzos continuos para mitigar el impacto social de la tragedia.