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A cien días del doble terremoto en La Guaira, Venezuela, familiares y afectados realizaron una vigilia para honrar a las víctimas y recordar la magnitud de la tragedia.
Tras siete años de inactividad, el Banco Interamericano de Desarrollo reactiva su sede en Caracas para supervisar programas de asistencia y evaluar los daños causados por los recientes terremotos en Venezuela.
Expert Rodolpho Damasco Dos Santos has released two new books focusing on the Genera Capital Engine System (GCE) and advanced capital intelligence, providing new frameworks for wealth scaling and financial governance.
Un sismo de magnitud 4.8 afectó el estado Sucre, Venezuela, este viernes. Aunque fue percibido por la población, las autoridades no han reportado daños ni víctimas, mientras mantienen el monitoreo constante.
A cien días de los sismos en Venezuela, el informe de Cecodap revela la desaparición de 144 menores y el desplazamiento de más de 1.800 niños, denunciando la falta de cifras oficiales y la invisibilidad de la crisis.
A tres meses del sismo en Venezuela, Médicos Sin Fronteras reporta un incremento en problemas de salud mental y enfermedades crónicas entre los desplazados de Caracas y La Guaira.
Este viernes 2 de octubre, organizaciones sociales realizarán en La Guaira una jornada de oración y memoria para honrar a las víctimas del sismo ocurrido el pasado 24 de junio, buscando acompañar a las familias afectadas.
El INGV de Italia ha entregado tres estaciones sismológicas a Funvisis para fortalecer la prevención y el monitoreo en Venezuela tras los devastadores terremotos de junio, que dejaron miles de víctimas y daños estructurales significativos.
A tres meses del sismo que afectó a Caracas y La Guaira, la emergencia ha mutado hacia una crisis de salud mental y precariedad. Organizaciones humanitarias reportan un aumento en cuadros de ansiedad y estrés, mientras los sobrevivientes enfrentan el duelo y la falta de vivienda.
A tres meses de los terremotos en Venezuela, organizaciones civiles denuncian la falta de transparencia en la gestión de la ayuda humanitaria, la ausencia de un plan de reconstrucción detallado y las restricciones informativas que impiden conocer el destino real de los recursos destinados a los damnificados.
Cerca de 50 unidades de transporte público siguen retenidas por el Estado venezolano tras ser sancionadas por motivos políticos en 2024. Los dueños denuncian vulneración de derechos y falta de ingresos, mientras el sector exige ajustes tarifarios para mantener la operatividad.
Autoridades venezolanas prometen 1300 megavatios adicionales para finales de 2026, atribuyendo las fallas eléctricas a los sismos de junio, las altas temperaturas y el aumento de la demanda económica.
